Todos sabemos que el éxito de la ejecución depende en muchísimos casos de la consecución del embargo, pero son muchas las cuestiones prácticas que suscita y es escasa la jurisprudencia.
Y es que, aunque sea muy amplia la casuística sobre la embargabilidad o inembargabilidad de determinados bienes, el orden de embargo, sus límites, su admisión o inadmisión cuando hablamos de bienes de ?valor indeterminado o excesivo? son cuestiones que rara vez llegan a nuestras Audiencias Provinciales.

La obligatoriedad en las reparaciones, incluyendo la supresión de las barreras arquitectónicas y las obras que los propietarios pueden realizar en elementos comunes, son el objeto de este interesante estudio de jurisprudencia, tratado desde el punto de vista civil y en aquellos casos en los que se ha pronunciado. ¿A qué tipo de reparaciones se refiere? ¿Qué hacer ante la pasividad de la Comunidad? ¿Qué obligaciones derivan para los propietarios? ¿En qué casos procede la indemnización a los comuneros? ¿Quién debe solicitar la supresión de barreras arquitectónicas? ¿Es necesario que sea la única vivienda del solicitante? ¿Pueden pedirse para segundas residencias? ¿Existe la posibilidad de creación de servidumbres en elementos privativos? ¿Qué quorum es necesario para la realización de obras privativas en elementos comunes?

El autor, máximo experto en la materia, actualiza de manera importante su obra adaptándola a las últimas resoluciones de Juzgados y Tribunales, y, en concreto, a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019, que ha declarado inconstitucional el impuesto, cuando sea confiscatorio, así como a las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020, sobre la declaración de nulidad de las liquidaciones firmes de plusvalía municipal. Por otro lado, realiza un exhaustivo análisis de la última jurisprudencia dictada sobre las distintas formas de acreditar, en cada caso, la inexistencia de incremento de valor del terreno, así como de la posibilidad de reclamar la devolución del impuesto basándose en errores en su valoración catastral.

En la presente selección analizamos en un solo volumen la jurisprudencia que ha fijado doctrina emanada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo entre 2016 y 2019 y que afecta a cuestiones que abarcan toda la temática del Derecho administrativo, incluyendo también otros ámbitos, como el Derecho tributario y fiscal, Extranjería, Protección de Datos o Derecho del Consumo.
Comprende más de 370 pronunciamientos que han presentado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, facilitando la búsqueda sobre cuestiones que pueden surgir en torno a esta materia, ya que cuenta con un completo índice por conceptos, un título-resumen, elaborado por especialistas, y los extractos literales con los fundamentos de derecho más significativos.

La posibilidad de instalar un ascensor, pese a no ser necesario para la supresión de barreras arquitectónicas, la construcción de plazas de garaje o trasteros, el acuerdo de contar con un nuevo servicio de consejería o portería, incluso la construcción de una piscina, se pueden considerar servicios comunes que, en principio, podrían ser de interés general, por lo que para su adopción habría que estarse a las mayorías fijadas en la LPH.
No obstante, no siempre es sencillo determinarlo. En ocasiones, habrá de estar al supuesto específico, como lo muestran las sentencias seleccionas en este estudio, en el que, además, podemos encontrar resoluciones que se han pronunciado sobre otros aspectos relacionados. Así, una vez adoptado el acuerdo, ¿obliga a todos al pago?, ¿existe posibilidad de exoneración?, ¿deberán soportar los comuneros cualquier servidumbre? y, en su caso, ¿cuándo procederá una indemnización?, ¿se considera esta como gasto común?, ¿quiénes podrán beneficiarse de las posibles subvenciones concedidas a la Comunidad?

Los arts. 806 a 811 del Capítulo II del Título II del Libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, regula la liquidación del régimen económico matrimonial (arts. 806 a 811) y comprende, en realidad, dos procedimientos diferentes: el de formación de inventario y el de liquidación en sentido estricto, con una variante más para el régimen de participación.
Nos encontramos, sin duda, ante una de las regulaciones más complejas de toda la LEC, por lo que ha sido y seguirá siendo fuente inagotable de resoluciones judiciales y de opiniones que hay que conocer.

La crisis originada por el COVID-19 ha dado lugar a la aprobación de medidas de flexibilización en los alquileres: moratorias en el pago de la renta, ayudas del Estado y de las CC. AA., prórroga de la duración del contrato y suspensión del desahucio para las viviendas cuyos plazos se han ampliado hasta el 31 de enero de 2021 por RDL 30/2020, de 29 de septiembre.
Esta Guía contiene todo lo que el profesional necesita: normativa estatal y autonómica, doctrina sobre la efectividad de las medidas aprobadas en los Reales Decretos 11/2020, de 31 de marzo, para viviendas, y 15/2020, de 21 de abril, para locales, con dos prácticos esquemas. Asimismo, damos respuesta a numerosas consultas, añadiendo la jurisprudencia sobre la polémica cláusula rebus sic stantibus. Se incluyen, además, formularios imprescindibles, destacando la demanda en aplicación de dicha cláusula y solicitud de medida cautelar.

La crisis originada por el COVID-19 ha dado lugar a la aprobación de medidas de flexibilización en los alquileres: moratorias en el pago de la renta, ayudas del Estado y de las CC. AA., prórroga de la duración del contrato y suspensión del desahucio para las viviendas cuyos plazos se han ampliado hasta el 31 de enero de 2021 por RDL 30/2020, de 29 de septiembre.
Esta Guía contiene todo lo que el profesional necesita: normativa estatal y autonómica, doctrina sobre la efectividad de las medidas aprobadas en los Reales Decretos 11/2020, de 31 de marzo, para viviendas, y 15/2020, de 21 de abril, para locales, con dos prácticos esquemas. Asimismo, damos respuesta a numerosas consultas, añadiendo la jurisprudencia sobre la polémica cláusula rebus sic stantibus. Se incluyen, además, formularios imprescindibles, destacando la demanda en aplicación de dicha cláusula y solicitud de medida cautelar.

La problemática penal urbanística es el tema que el autor aborda, en este libro, desde una perspectiva fundamentalmente práctica. Pero no solo se refiere a los delitos propiamente urbanísticos y a las disposiciones comunes del Título XVI del Libro II del Código Penal, sino que también hace referencia a otros íntimamente relacionados con ellos como el delito de desobediencia.
A través de muchos ejemplos reales que ha vivido como consecuencia de su ejercicio de Fiscal, trata de dar respuestas precisas a problemas concretos. Es el caso, por ejemplo, de la demolición, del error o del decomiso. El libro recoge la práctica totalidad de la jurisprudencia penal relevante en esta materia y, también, en relación con los delitos urbanísticos de normas penales en blanco, hace unas interesantes reflexiones de cuestiones fronterizas con el derecho administrativo como es la prejudicialidad. Para finalizar, estudia cuestiones procesales relacionadas con estos delitos como la legitimación o la conexidad.
Un libro completo y útil para juristas y no juristas, como arquitectos o policías, o para quienes se dediquen al complejo tema del urbanismo.

Esta es la primera monografía del grupo de investigación procesal EADEP (Estudios Avanzados de Derecho Procesal), fundado y dirigido por el Profesor Juan-Luis Gómez Colomer. En ella se analizan diversas cuestiones relacionadas con la instrucción del delito, debido, en primer lugar a la complejidad de la criminalidad actual, sobre todo la organizada; en segundo lugar, a la inutilidad de la LECrim. para afrontar los problemas que plantea esa delincuencia, y, por último, a la homogeneización y armonización, al menos en la Unión Europea, de las normas procesales penales. Mediante los temas tratados, los autores quieren ser de utilidad para la realidad práctica y motivar una serena reflexión, especialmente en estos momentos en los que vuelve a hablarse de que una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es posible en la España actual.